El Covid-19, la intimidad y la transparencia

Por: Mirko A. Maldonado-Meléndez (*)

La propagación mundial del COVID-19, ha cambiado los paradigmas de vida de muchos de los ciudadanos en el mundo y ha puesto en vilo en sistema de sanidad pública y la economía de la gran mayoría de los países afectados, así como su capacidad de respuesta ante los devastadores efectos en todos los ámbitos de la vida de sus ciudadanos. El Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y decretos sucesivos, establece un tamiz legal para contrarrestar los efectos de este mal en diversos sectores del País, en salud, economía, contratación pública, entre otros.

La intervención del Estado, aunque no sea la regla bajo condiciones normales bajo el esquema de una economía social de mercado, resulta factible y hasta necesaria, a través de la participación de los demás poderes públicos que coadyuvan a su materialización, tal como se manifiesta con el desarrollo, alcances y límites establecidos a través de las normas dictadas desde la declaratoria de emergencia.

El tema de fondo aquí es la posible vulneración de derechos fundamentales protegidos por el artículo 2° la Constitución Política, como es el caso del derecho a la intimidad personal (inciso 7), así como la protección que el Estado debe brindar al respecto (inciso 5) y que no se encuentran restringidos por los alcances del estado de emergencia que el artículo 137° de la Constitución establece. La plasmación de lo antes señalado en el ámbito sanitario implica el derecho que tiene todo paciente a que no se divulgue información vinculada a la identidad y otros datos personales, de las personas enfermas o fallecidas, que debe ser preservada del conocimiento de terceras personas, salvo autorización expresa de la persona o de sus familiares.

Al lado del derecho a la intimidad personal, existe otro derecho con similar protección constitucional, como es el derecho a acceder a información pública – vinculado al deber de transparencia por parte del Estado – que no es un derecho ilimitado, al menos no en el ámbito de la salud. Por ello, no cabría tutela de la intimidad personal sino existe una obligación de confidencialidad, la que además solo se circunscribe al conocimiento del personal médico. Esto lo ha entendido muy bien el derecho administrativo, que regula la forma en que debe procederse a fin de no vulnerar estos derechos constitucionales, por tratarse de un área del derecho que se proyecta más allá de las acciones de gobierno y que, probablemente, sea el único capaz de regular tanto el ruido como su contrario, el silencio.

(*) Doctor en derecho, asesor y consultor de entidades públicas y privadas.

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