Toque de queda y suspensión minera en Pataz: Gobierno responde a masacre de 13 trabajadores
El Gobierno peruano anunció una serie de medidas excepcionales tras el hallazgo de los cuerpos de 13 trabajadores asesinados en un socavón en la provincia de Pataz, región La Libertad. En un mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte informó que se establecerá un toque de queda en la zona, que regirá diariamente desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., como parte de las acciones para restablecer el orden ante el accionar de bandas criminales vinculadas a la minería ilegal.
La medida será oficializada mediante decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano. Durante su alocución, Boluarte también anunció la suspensión de toda actividad minera en Pataz por un plazo de 30 días, así como la instalación de una base militar para reforzar la presencia del Estado ante la limitada capacidad operativa de la Policía Nacional en la zona.
Estas decisiones se tomaron tras una reunión de emergencia con el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, y el alcalde provincial de Pataz, Aldo Mariño, quienes alertaron sobre el grave clima de inseguridad. Aunque Acuña propuso declarar el estado de sitio, la presidenta optó por una respuesta progresiva y coordinada, priorizando el control territorial y la lucha contra las redes delictivas que operan en la región.
Durante su intervención, la mandataria también exhortó al Congreso a aprobar el proyecto de ley que propone tipificar el «terrorismo urbano», el cual permanece estancado desde hace más de 6 meses. “Exigimos al Congreso que saque el marco legal y denomine terrorismo urbano a esto que están haciendo”, expresó.
Boluarte, además, cuestionó que sectores de oposición impulsen la censura del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, en medio de esta crisis. “El tema del crimen de Pataz no se va a resolver sacando al premier”, advirtió, criticando el uso político de una tragedia que ha enlutado a todo el país.
Mientras tanto, el Ministerio Público intensificó las investigaciones por presuntos delitos de secuestro agravado y homicidio calificado. El fiscal provincial Enrique Valverde informó que los cuerpos fueron trasladados a la morgue central de Trujillo para las necropsias respectivas. En el lugar del hallazgo, conocido como Rampa Yuli, se incautaron municiones percutadas y artefactos explosivos, que serán analizados por peritos balísticos en Trujillo.
El Ministerio de Justicia, por su parte, activó el servicio de Defensa Pública para brindar asesoría legal gratuita a los familiares de las víctimas. Un equipo multidisciplinario ya se encuentra en la zona y ha asumido la representación legal de al menos dos familias.
Con estas medidas, el Gobierno busca contener la violencia y retomar el control en una zona dominada por el crimen organizado que se oculta bajo la fachada de la actividad minera.
