Actos ilícitos habría en obra ejecutada en I.E. María Inmaculada

 Actos ilícitos habría en obra ejecutada en I.E. María Inmaculada

Concejo Municipal de Trujillo demanda que se sincere lo actuado y de haber responsables les caiga todo el peso de la ley.

En sesión extraordinaria en la que se presentó el procurador municipal Martin Salcedo, el Concejo Municipal de Trujillo demandó investigar y denunciar posibles actos de corrupción durante la ejecución de una obra en la I.E. N° 1685 – María Inmaculada, de la urbanización Alto Mochica, en la que se debía invertir unos S/ 3.5 millones.

Este proyecto se licitó en la gestión de José Ruiz, pero el contrato se firmó durante la administración del exalcalde Arturo Fernández, a quien en sesión de Concejo le pidieron que se revise y anule el contrato, determinando responsabilidades por la falta de supervisión del municipio en las irregularidades denunciadas, lo que no se logró.

El procurador indicó que en este tema aún no habían iniciado acciones legales debido a que se requería informes previos de las áreas ediles encargadas de la parte técnica, legal y de hacer la fiscalización de la obra. Con esos informes se podrá ver si estamos ante irregularidades, como corrupción de funcionarios, colusión, negociación incompatible o de otra naturaleza, explicó.

Recordó que el año 2023 desde diversas áreas de la Municipalidad Provincial de Trujillo no se entregaba información al procurador y a los regidores. “Procuraduría actúa ante una denuncia; sin embargo, con el nuevo gerente de Obras hemos estado conversando respecto a este expediente”, manifestó seguidamente.

En este caso se denunció que habría una sobrevalorización por S/ 839 mil y en una carta notarial del anterior gerente de Administración y Finanzas de la MPT se daba plazo al consorcio ejecutor para que sincere lo actuado en la obra donde se estimaba la inversión debió ser de solo S/. 2.7 millones debido a que se debía hacer descuentos previstos en el expediente técnico, entre otros gastos de equipos de protección por la covid-19, que no se hicieron.

El consorcio comunicó que no había asidero legal sobre el particular y que tratándose de un contrato a suma alzada se le tendría que pagar todo, por lo que la Gerencia de Administración emitió carta dando cuenta de una resolución de contrato, que es lo que ahora se tendría que definir, caso contrario proceder a iniciar las acciones legales a que hubiera lugar.

No podría iniciar un proceso contencioso o plantear una denuncia hasta que el tema salga de la parte administrativa. Entiendo que este tema lo tienen aún en la Gerencia de Obras y que lo pasará al área legal para determinar si hay la necesidad de iniciar la defensa legal desde la Procuraduría, manifestó el procurador.

Los regidores expresaron su preocupación por lo que estaba ocurriendo sin que a la fecha la Procuraduría adopte acciones en defensa de los intereses de la comuna provincial, señalando que no se puede estar esperando informes para hacer una denuncia ante la Fiscalía para que inicie la investigación de los hechos.

El año pasado hubo un acuerdo del Concejo para que se comunique al Procurador sobre las denuncias existentes sobre actos de corrupción en esta obra, por lo que se pidió determinar si este acuerdo se le hizo llegar y de ser lo contrario que se sancione a los responsables.

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