ANP rechaza denuncia por reglaje interpuesta por exministro del Interior, Juan Santivañez
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) rechazao la denuncia por reglaje interpuesta por exministro del Interior y actual jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, Juan Santiváñez en contra de Punto Final, y Latina .
La ANP rechaza también la denuncia contra Mónica Delta, Juan Subauste, Carlos Hidalgo y Jorge Ramírez, del equipo dominical Punto Final, y Latina TV.
Según informó la ANP, esta denuncia se origina en el informe «Con quién se reúne Santiváñez en Palacio», del 29 de junio pasado, en el que se registran las reuniones en espacios públicos que sostiene el referido funcionario.
Para el exministro, este reportaje «realiza actos de vigilancia mediante el uso de teléfonos y cámaras con el fin de facilitar la comisión del delito de extorsión».
La ANP le recuerda al señor Santiváñez que el delito de «marcaje o reglaje», según el Código Penal, se constituye sí y solo si el seguimiento se realiza para cometer o facilitar la comisión de un delito. El periodismo no es un crimen, señor Santiváñez.
En ese sentido, le recordamos que su actual condición de funcionario lo hace pasible de la fiscalización social que se ejerce también con el trabajo del periodismo.
Para la ANP, este episodio recuerda el antecedente de la denuncia que interpuso el entonces presidente del Legislativo, Alejandro Soto, contra el periodista José Miguel Hidalgo, quien investigaba presunto nepotismo. Ello evidencia un nuevo patrón de ataque a periodistas a quienes se les acusa de delitos ajenos a su actividad informativa con el fin de estigmatizarlos y hostigarlos
La ANP, al rechazar este intento de criminalización del periodismo, no puede dejar de advertir el contexto en el que se produce esta denuncia. Genera reparaciones que la misma surja como un posible distractor en el contexto de la legítima discusión pública sobre el incremento salarial del mandatario.
Finalmente, la ANP exhorta a la Fiscalía a desestimar esta denuncia al no contar con fundamentos de hecho ni de derecho. El Ministerio Público tiene la oportunidad de sentar precedentes positivos en la defensa de la libertad de prensa.
De iniciar una investigación por la presunta comisión de un delito inexistente, los operadores de justicia incurrirían en prevaricato.
