Comisión de Diputados aprueba derogar dos leyes “procrimen”
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó los dictámenes que proponen derogar las leyes 32130 y 32735, cuestionadas por organizaciones de derechos humanos y sectores de oposición debido a sus posibles efectos en la investigación de delitos y el juzgamiento de policías y militares. Las iniciativas aún deberán ser aprobadas por el Pleno de la Cámara de Diputados y pasar al Senado, que tendrá la decisión final sobre su derogación.
La Ley 32130 modificó las reglas de la investigación preliminar y otorgó a la Policía Nacional del Perú (PNP) un papel central en la realización de las diligencias, mientras que la Ley 32735 modificó el concepto de delito de función para establecer que policías y militares sean juzgados en el Fuero Militar Policial por los delitos comprendidos en ese ámbito. En el caso de esta última norma, se mantendrían las disposiciones que establecen penas más severas para los efectivos que colaboren con organizaciones criminales.
Debate sobre la Ley Soto quedó postergado
Durante la sesión del martes 20 de octubre, la comisión también tenía previsto debatir y votar una propuesta relacionada con la Ley 31751, conocida como Ley Soto, y su norma ratificatoria. La iniciativa busca modificar las reglas sobre la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal para establecer un límite acorde con el criterio que la Corte Suprema había fijado previamente mediante un acuerdo plenario.
Sin embargo, el debate fue postergado luego de que Fuerza Popular promoviera una cuestión previa. La bancada cuestionó que la propuesta establezca un plazo único de suspensión de la prescripción para todos los delitos, sin considerar las diferencias en su gravedad.
En la agenda también figuraba un dictamen para modificar la normativa sobre extinción de dominio, con el objetivo declarado de restablecer la autonomía del proceso y fortalecer sus garantías. No obstante, este punto no llegó a ser abordado durante la sesión.
Otras leyes cuestionadas también están en la mira
La eventual derogación de las leyes 32130 y 32735 forma parte de una discusión más amplia sobre las normas aprobadas por el anterior Congreso y calificadas como “procrimen” por organizaciones de derechos humanos y sectores de oposición.
En agosto, la presidenta de la Comisión de Justicia, Catherin Palomino, presentó una iniciativa para derogar siete normas. Entre ellas figuran la Ley 31751 y su norma ratificatoria, la Ley 32104, relacionadas con la suspensión del plazo de prescripción; la Ley 31989, sobre facultades policiales frente a la minería ilegal; la Ley 31990, que establece plazos para los procedimientos de colaboración eficaz; y la Ley 32054, referida a la responsabilidad penal de los partidos políticos.
La propuesta también comprende la Ley 32108 y su modificatoria, la Ley 32138, que introdujeron cambios en la tipificación de las organizaciones criminales y en las condiciones para realizar allanamientos, además de la Ley 32130, cuya derogación ya fue aprobada en comisión.
Por su parte, diputados de Ahora Nación, a iniciativa de César Holguín y con el respaldo de Indira Huilca, Harvey Colchado, César Muedas, Helard Sonco, Ángel Meneses y José Marcelo, presentaron otra propuesta para derogar diez normas. Esta incluye la Ley 32419, que concede amnistía a integrantes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas procesados por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000.
Ambas iniciativas contemplan disposiciones para restablecer la vigencia de textos del Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley 30077, entre otras normas, conforme al marco legal previo a las modificaciones cuestionadas.
Por ahora, la aprobación de los dictámenes en comisión no significa que las leyes hayan sido derogadas. Su futuro dependerá de las siguientes etapas del procedimiento legislativo y de las decisiones que adopten ambas cámaras.
