Condenan a 30 años de cárcel a mujer que secuestró a recién nacida en Trujillo
Fiscalía logró sentencia ejemplar por el secuestro agravado de una bebé de apenas un día de nacida
El Poder Judicial condenó a 30 años de prisión efectiva a Yusmeli del Carmen Hernández Ysturis, hallada culpable del delito de secuestro agravado en agravio de una recién nacida que fue sustraída del Hospital Belén de Trujillo en agosto de 2025.
La sentencia fue emitida por el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Unidad de Flagrancia de La Libertad, tras acoger los argumentos presentados por el Ministerio Público durante el proceso judicial.
De acuerdo con la investigación fiscal, la sentenciada retiró a la menor de iniciales L.L.M.R. del nosocomio trujillano sin autorización y mediante engaños, separándola ilegalmente de su madre, Liliana Esther Rafael Quispe. La bebé, que tenía apenas un día de nacida, fue trasladada hasta el domicilio de la acusada, donde permaneció retenida hasta ser ubicada por efectivos policiales que participaron en su rescate.
Rescate oportuno
Tras ser recuperada, la menor fue trasladada nuevamente al Hospital Belén para continuar con la atención médica correspondiente. El caso generó gran conmoción en Trujillo debido a la vulnerabilidad de la víctima y a las circunstancias en que ocurrió el secuestro.
Las investigaciones permitieron determinar la responsabilidad penal de Hernández Ysturis, quien permaneció con prisión preventiva mientras se desarrollaba el proceso judicial.
Fiscalía sustentó acusación
El Ministerio Público informó que el fiscal provincial Juan Alexander Huamán Rojas, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, solicitó prisión preventiva contra la acusada el 30 de agosto de 2025.
Durante los meses siguientes se realizaron diligencias, recopilación de pruebas y declaraciones que permitieron presentar una acusación sólida ante el Poder Judicial, concluyendo la investigación en diciembre del mismo año.
También deberá pagar reparación civil
Además de la pena privativa de libertad, el órgano jurisdiccional ordenó que la sentenciada pague una reparación civil de S/ 10 mil a favor de la menor agraviada.
Con esta condena, el Ministerio Público destacó su compromiso en la defensa de los derechos de la niñez y en la persecución de delitos que afectan a personas en situación de especial vulnerabilidad.
