Congreso interpelará al ministro de Cultura, Fabricio Valencia, y al ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero
Los ministros Fabricio Valencia y Jorge Luis Montero deberán responder pliego de preguntas del Congreso.
El Pleno del Congreso interpelará al ministro de Cultura, Fabricio Valencia, y al ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero,el viernes 13 de junio.
La interpelación a Valencia tienen como punto principal el hecho que de que a iniciativa de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, el Ministerio de Cultura emitió la resolución viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC, que modifica y reduce en aproximadamente 2,400 kilómetros cuadrados el área intangible de la zona arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca, en las provincias de Ica, Nasca, Palpa y Lucanas.
El ministro Valencia Gibaja tendrá que responder un total de 44 preguntas contenidas en las mociones de interpelación, entre ellas algunas referidas a su gestión al frente del Ministerio de Cultura y presuntas irregularidades en el otorgamiento de órdenes de servicio en dicho portafolio.
Asimismo, un total de 32 congresistas presentaron una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis José Montero Cornejo, por presuntas irregularidades en la publicación del Decreto Supremo N.º 009-2025-EM, que reglamenta la Ley N.º 32213 sobre la formalización minera. La medida ha sido promovida por un grupo multipartidario de congresistas que acusan al Ejecutivo de desnaturalizar la norma y abrir la puerta a la minería ilegal.
El reglamento, publicado el 18 de mayo, introduce la figura de la transferencia de titularidad del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por sucesión en caso de fallecimiento del titular. Para los parlamentarios, esta figura del “REINFO hereditario” no está contemplada en la Ley 32213 y transgrede el principio de legalidad al incorporar elementos no aprobados por el Congreso.
La publicación del reglamento a menos de un mes del cierre del proceso de formalización, fijado para el 30 de junio de 2025, también ha generado sospechas. Según la moción, el Ejecutivo buscaría extender el proceso hasta diciembre sin sustento legal claro. Los congresistas que firmaron advierten que este tipo de medidas debilitan la minería formal y contribuyen al avance de actividades ilegales, como las registradas en Pataz, donde 13 personas fueron asesinadas en un contexto vinculado a la minería informal.
