Congreso presenta moción de censura contra Juan José Santiváñez tras revelación de audios
La moción de censura se presentó, tras las ineficientes respuestas que brindó Juan José Santiváñez en la Comisión de Fiscalización sobre los audios que lo acusaban de presunto tráfico de influencias.
Con 34 firmas de congresistas de diversas bancadas, se presentó la moción de censura de la parlamentaria Susel Paredes contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez por los audios que revelaban el presunto tráfico de influencias a favor del criminal Miguel Salirrosas, apodado ‘El Diablo’, que fue sentenciado por pertenecer a la banda criminal «Los Pulpos».
Si bien la moción se impulsó previo a la difusión de los audios contra Santiváñez, la revelación de estos fue el detonante de que se alcanzara las firmas necesarias para que se admita la censura en el Pleno. Ahora, esta deberá ser debatida en el hemiciclo, donde para su aprobación se necesitará contar con 67 votos a favor. Según estimaciones legislativas, este proceso podría darse en octubre, tras la semana de representación.
Argumentos para la moción de censura contra Santiváñez
La moción de censura contra Juan José Santiváñez, ministro de Justicia y Derechos Humanos, cuestiona su idoneidad para el cargo. Uno de sus argumentos es que durante su gestión como ministro del Interior, se le atribuye una falta de eficacia en la lucha contra la inseguridad, con un aumento significativo en los índices de la criminalidad. La situación empeoró a tal punto que el Congreso lo censuró en marzo de 2025 debido a la incapacidad de su gestión para enfrentar la creciente ola de delincuencia.
Además de sus fallados operativos, Santiváñez enfrenta graves acusaciones judiciales, incluyendo tráfico de influencias, abuso de autoridad, y su implicación en una presunta organización criminal vinculada a actos de corrupción como el direccionamiento de contratos públicos, la influencia en ascensos y permanencias de generales de la Policía Nacional, la protección de operaciones mineras ilegales y el encubrimiento de actos ilícitos en la administración pública.
En medio de todas estas investigaciones, la Corte Suprema dispuso en junio de 2025 un impedimento de salida del país por 18 meses contra el ministro, al acreditarse indicios de que solicitó hasta 20.000 dólares para influir en magistrados del Tribunal Constitucional. Esta acumulación de cargos, junto con la falta de confianza política y ética, ha deteriorado su capacidad para liderar el Ministerio de Justicia.
