Corte Suprema confirma prisión preventiva de 18 meses contra César Hinostroza
El Poder Judicial ratificó la prisión preventiva de 18 meses contra el exjuez supremo César Hinostroza, investigado por presunto tráfico de influencias y cohecho en el caso de la ratificación del magistrado Frey Tolentino en Áncash. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró “infundado” el recurso de apelación presentado por Hinostroza, quien buscaba anular la resolución emitida en diciembre de 2024 por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
La medida restrictiva fue solicitada por la Fiscalía Suprema y se computará desde el momento de la detención. Hinostroza alegaba que no existían elementos de convicción suficientes en su contra y que la acción penal se inició sin autorización de la Fiscalía de la Nación, lo que, según su defensa, vulneraba principios de legalidad y motivación.
El tribunal, presidido por el juez supremo César San Martín, desestimó esos argumentos y precisó que, en el caso de altos dignatarios, la Fiscalía de la Nación debe solicitar autorización del Congreso para procesarlos, lo que se cumplió con la Denuncia Constitucional número 247 presentada ante el Parlamento.
Asimismo, la Corte Suprema aclaró que, conforme al artículo 453 del Código Procesal Penal, cuando se trata de aforados de primer grado jerárquico, la Fiscalía de la Nación puede formalizar la investigación preparatoria y luego delegarla, sin necesidad de requerir autorización adicional.
Con este fallo, se mantiene vigente la investigación preparatoria contra Hinostroza, señalado como presunto autor de los delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico en perjuicio del Estado. El caso se centra en su presunta intervención en el proceso de ratificación de Frey Tolentino como juez especializado del distrito judicial del Santa en 2018.
La Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos continúa con las diligencias, mientras Hinostroza deberá cumplir la prisión preventiva de 18 meses confirmada por la Corte Suprema, en medio de un proceso que sigue marcando la agenda judicial del país.
