Empresas de telefonía y electricidad deberán retirar cables aéreos en desuso o mal estado

 Empresas de telefonía y electricidad deberán retirar cables aéreos en desuso o mal estado

La presente Ley tiene por objeto establecer la descontaminación ambiental mediante el retiro del cableado aéreo.

La Comisión de Energía y Minas que preside el legislador Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) aprobó por mayoría el dictamen de insistencia recaído en las observaciones del presidente de la República a la Autógrafa derivada del Proyecto de Ley 109/2021-CR, mediante el cual se propone la “Ley que promueve la descontaminación ambiental y establece el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país”.

La presente Ley tiene por objeto establecer la descontaminación ambiental mediante el retiro del cableado aéreo de los servicios de electricidad y de telecomunicaciones que se encuentren en mal estado o en desuso, a fin de garantizar la seguridad de la población y el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado.

La medida se aplicará a las zonas urbanas y para ello las empresas, en un plazo no mayor a 24 meses, contados desde el vigor de la presente ley, deben proceder al retiro de estos cables sin trasladar los costos del retiro en las tarifas pagadas por el público consumidor.

La supervisión del retiro del cableado queda sujeto a la previsión ambiental por parte de la entidad de fiscalización ambiental competente de acuerdo a las normas del sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y sujeto también a la supervisión de las municipalidades provinciales y distritales.

La norma establece que el incumplimiento de lo dispuesto (el retiro del cableado) constituye infracción muy grave y sancionable con multa impuesta por la autoridad competente de acuerdo al marco normativo.

El acuerdo fue optar por la insistencia debido a que solo se han aceptado algunas observaciones y se ha mantenido el texto originario de las otras disposiciones observadas.

El legislador Hector Acuña Peralta, autor de la iniciativa explicó la necesidad de incluir la participación de las empresas proveedoras y que se precise en la misma el plazo de 24 meses para hacer efectivo el retiro de la maraña de cables que se observan en las ciudades, de lo contrario la ley solo será letra muerta, advirtió.

El tratamiento de costos le corresponderá establecer a los organismos reguladores como Osinergmin u Osiptel, dijo.

De la misma forma, la comisión se pronunció por que la norma no necesite pasar por un proceso de reglamentación, hecho que generalmente hace que las leyes aprobadas por el congreso no se ejecuten ni cumplan su cometido.

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