Familias desamparadas tras la masacre de mineros en Pataz: claman por justicia y apoyo
Familias de las víctimas no solo claman por justicia, sino por apoyo inmediato y respuestas concretas.
La tragedia en la mina de oro de Pataz, La Libertad, ha dejado una profunda herida en la comunidad minera y en las familias de los 13 trabajadores secuestrados y brutalmente ejecutados por bandas criminales coludidas con mineros ilegales. Poderosa, la empresa encargada de la explotación, confirmó que los cuerpos fueron hallados maniatados y vendados, con impactos de bala en el cuello, lo que ha desatado indignación nacional.
Sin embargo, más allá del dolor, los familiares enfrentan un nuevo desafío: la falta de apoyo económico. A pesar de múltiples solicitudes, aún no han recibido ayuda directa de la empresa responsable ni de las autoridades pertinentes. Mientras que el gobernador César Acuña habría entregado apoyo para gastos funerarios de forma reservada, la empresa Libmar S.A.C., que prometió públicamente asumir el sepelio, aún no ha establecido contacto con los deudos, aumentando la angustia y el desamparo de quienes han perdido a sus seres queridos.
Ante la creciente violencia en Pataz, donde el crimen organizado actúa con impunidad, el gobierno regional ha solicitado al Ejecutivo que declare el estado de sitio como medida extrema para recuperar el control del territorio. En medio de esta crisis, la Policía Nacional logró rescatar a otros 50 mineros secuestrados, revelando la magnitud del problema. La gestión de la presidenta Dina Boluarte ha sido duramente cuestionada por su falta de acción frente a la creciente inseguridad en la región, dejando a las familias en el olvido.
Las víctimas no solo claman por justicia, sino por apoyo inmediato y respuestas concretas de las autoridades ante una masacre que ha conmocionado a todo el país. Sin acciones firmes, Pataz sigue siendo un territorio sin ley donde el miedo y el desamparo se han convertido en el pan de cada día.
