Fiscal Margarita Haro denuncia amenazas y extorsión por caso contra “Los Chukys de Juan Pablo II”
La fiscal provincial penal titular de San Juan de Lurigancho, Margarita Haro Pinto, denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte y extorsión por parte de la organización criminal “Los Pepes”, liderada por el delincuente conocido como “El Colocho”. Según su declaración, los criminales le exigen apartarse de la investigación contra la banda “Los Chukys de Juan Pablo II”, bajo amenaza de atentar contra su vida y la de su familia.
En un video difundido el pasado viernes 18 de octubre, Haro reveló que las amenazas fueron enviadas directamente a su teléfono celular, identificando a los presuntos responsables del caso que investiga, entre ellos Patricio Urbano Lara, Eynar Lara Quiñones y Francisco Lara Narváez, entre otros.
La investigación que lidera la fiscal Haro desde la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho incluye los delitos de extorsión agravada, tenencia ilegal de armas y pertenencia a organización criminal.
El caso cobró notoriedad en marzo de este año tras un megaoperativo de la Policía Nacional del Perú (PNP), que culminó con la captura de siete integrantes de esta red delictiva conocida como “Los Chukys de Juan Pablo II”, la mayoría de ellos miembros de una misma familia.
Según la fiscal, los detenidos estarían detrás de extorsiones sistemáticas a comerciantes, transportistas y colegios particulares, exigiendo pagos mensuales bajo amenazas, y ofreciendo “protección” a cambio. Las víctimas eran obligadas a transferir montos de hasta 10 mil soles como cuota inicial, revelaron las autoridades. Actualmente, los procesados cumplen prisión preventiva por 18 meses, dictada por el Poder Judicial.
Ante la gravedad de las amenazas, el Ministerio del Interior anunció el despliegue inmediato de un dispositivo de protección a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP) para salvaguardar la vida de la fiscal Haro y la de sus familiares más cercanos. La medida fue comunicada oficialmente el 19 de octubre, como parte del compromiso del Gobierno con la defensa del sistema de justicia frente al crimen organizado.
Esta organización actuaba desde San Juan de Lurigancho, empleando métodos de intimidación y violencia para someter a sus víctimas. Las autoridades aseguran que el caso representa un esquema típico de criminalidad organizada familiar, que usaba la cercanía entre sus miembros para operar con mayor discreción y control.
