Fiscalía investiga a José Jerí por contrataciones de mujeres que visitaron Palacio
El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra el presidente interino José Jerí por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, vinculado a la contratación de varias mujeres en el Despacho Presidencial, luego de que estas sostuvieran reuniones con el mandatario.
Fiscal Tomás Gálvez lo citará a declarar el 2 de marzo
La investigación fue dispuesta por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, y tendrá un plazo inicial de 90 días, periodo en el que se realizarán diversas diligencias para esclarecer los hechos. No se descarta una eventual ampliación del plazo.
Entre las acciones ordenadas figura la declaración indagatoria de José Jerí, programada para el lunes 2 de marzo en Palacio de Gobierno. De acuerdo con el marco legal vigente y una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, el fiscal podría solicitar solo una ampliación adicional de dicha declaración.
Asimismo, Gálvez dispuso que la Secretaría General de la Presidencia remita toda la documentación relacionada con la contratación de nueve mujeres en el Despacho Presidencial, así como las normas internas que regulan la contratación de locadores de servicios, incluyendo el régimen FAG.
Congreso evalúa permanencia de Jerí en el cargo
En paralelo, el caso ya tiene repercusiones en el Congreso de la República. La convocatoria a un Pleno Extraordinario para debatir la continuidad de José Jerí como presidente interino se encuentra en suspenso, debido a observaciones en la validación de firmas parlamentarias.
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que solo 29 de las 81 firmas presentadas cumplen con los requisitos formales, lo que retrasa el proceso. Según el Reglamento del Parlamento, se requieren 78 firmas válidas para activar el procedimiento.
Mientras un sector del Legislativo impulsa una moción de vacancia, otros consideran que la vía correcta sería la censura. No obstante, Rospigliosi y varios constitucionalistas sostienen que la vacancia es el único mecanismo legal, el cual requiere 87 votos del Pleno.
Desde el Ejecutivo y algunas bancadas, como Fuerza Popular, se ha rechazado una eventual vacancia al considerar que las acusaciones aún no cuentan con pruebas concluyentes, señalando que el proceso debe avanzar con responsabilidad y dentro del marco constitucional.
