Más de 900 personas fueron imputadas en Venezuela por la ley contra el odio desde 2017
Al menos 927 personas fueron imputadas en Venezuela por el delito de “instigación al odio” desde 2017, año en que entró en vigencia la denominada Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. El dato fue difundido por la ONG Foro Penal, mientras el Gobierno de Delcy Rodríguez impulsa una reforma parcial de esta normativa.
Según los registros de Foro Penal, seis de las personas imputadas permanecen privadas de su libertad y otras 638 están sujetas a medidas cautelares. Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización, señaló que en la mayoría de los casos este delito fue imputado junto con otros, como terrorismo y asociación.
Delcy Rodríguez plantea reformar la norma
La Ley Constitucional Contra el Odio fue aprobada en 2017, durante el Gobierno de Nicolás Maduro, y contempla penas de entre 10 y 20 años de prisión para quienes, según su texto, fomenten, promuevan o inciten al odio, la discriminación o la violencia.
El pasado 29 de septiembre, Rodríguez solicitó al Parlamento una reforma parcial de la legislación. La presidenta encargada sostuvo que la modificación busca avanzar en la despenalización de determinadas conductas y transformar aspectos del sistema de justicia penal.
Posteriormente, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la creación de una comisión especial integrada por 11 diputados para elaborar el proyecto de reforma. Hasta el momento, no se han precisado públicamente todos los artículos que serían modificados.
Oposición y gremios de prensa piden derogar la ley
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) rechazó la propuesta de reforma y pidió la derogación de la norma. La coalición opositora sostiene que la legislación ha sido utilizada para perseguir y criminalizar a ciudadanos por sus opiniones y posiciones políticas.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) también reclamó que los procesos abiertos bajo esta legislación sean revisados y cerrados. El gremio considera que una reforma parcial sería insuficiente si se mantienen disposiciones que, según su posición, pueden afectar la libertad de expresión y el trabajo de los medios.
El debate sobre la norma se desarrolla en paralelo a las conversaciones entre representantes del Gobierno venezolano y sectores de la oposición, proceso que ha incluido discusiones sobre libertad de expresión y reformas al sistema de justicia.
