Ministerio Público declara en emergencia el Instituto Médico Legal por un plazo de 90 días

 Ministerio Público declara en emergencia el Instituto Médico Legal por un plazo de 90 días

Comisión de trabajo se encargará de la reestructuración orgánica y administrativa del IML para plantear solución a la difícil situación que atraviesa.

El Ministerio Público declaró hoy en emergencia al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) por un plazo de 90 días, frente a la difícil situación que atraviesa, y conformó una comisión de trabajo para su reestructuración y reorganización.

Mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1458-2022-MP-FN, publicada en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se precisa que dicho grupo se encargará de evaluar, analizar y proponer las acciones y medidas de innovación administrativa y de gestión de acuerdo a las necesidades y objetivos institucionales.

La referida comisión estará integrada por el jefe del IML, Francisco Brizuela Pow Sang (presidente); así como Alcides Cuya Palomino, gerente administrativo del IML; Natalia Escudero Rodríguez, asesora del IML; Ana Navarro Orellana; asesora de la Oficina de Criminalística y responsable del Área de Planificación y Presupuesto del IML.

Asimismo, por María Claudia del Rosario Rubio, gerente de la Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio Público; y Zenaida Lengua Reyes, gerente encargada de la Oficina de Racionalización y Estadística del Ministerio Público, quien tendrá a cargo la secretaría técnica.

La comisión deberá entregar al despacho de la Fiscalía de la Nación, en un plazo de 60 días calendarios, contados desde la fecha de publicación de la presente resolución, un informe con las propuestas de las medidas y acciones necesarias.

En la parte considerativa de la resolución se precisa que la grave situación que atraviesa el IML pone en riesgo la adecuada provisión de los servicios médico-legales, clínico forense y tanatológicos, afectando la oportuna prestación del servicio al sistema de administración de justica que brinda el Ministerio Público a la ciudadanía.

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