Pedro Castillo es condenado a 11 años de prisión por intento de golpe de Estado
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema declaró este jueves la responsabilidad penal del expresidente Pedro Castillo por los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022 y le impuso una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva, además de dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La resolución fue leída la mañana del jueves 27 de noviembre de 2025 por los magistrados Norma Carbajal Chávez, José Neyra Flores e Iván Guerrero López. Al inicio de la audiencia, la defensa de Castillo presentó un recurso para suspender la lectura de la sentencia, alegando vulneración del juez natural y otros vicios procesales. Sin embargo, dicho pedido fue rechazado de inmediato, al considerar el tribunal que la etapa de debate ya había concluido y no correspondía reabrir incidencias.
Tras desestimar el recurso, la magistrada Carbajal anunció que la Sala consideró probado que el exmandatario cometió el delito de conspiración para rebelión. La Corte descartó imputarle abuso de autoridad, por lo que quedó absuelto en ese extremo. El Ministerio Público había solicitado una pena de hasta 34 años, o de manera subsidiaria 19 años y 30 días si se aplicaba la figura de conspiración en lugar de rebelión.
La Sala dispuso que la ejecución de la pena sea inmediata. No obstante, Castillo permanecerá en el penal de Barbadillo, donde ya cumple prisión preventiva por 36 meses, por lo que su situación penitenciaria no variará hasta que una nueva resolución disponga lo contrario.
En la motivación del fallo, la jueza ponente sostuvo que el Ministerio Público demostró la existencia de un plan concertado para quebrar el orden constitucional en diciembre de 2022. Testimonios, mensajes y documentos oficiales fueron valorados como elementos que confirmaron la coordinación previa entre los acusados y su participación en los hechos que derivaron en la crisis política. Con la sentencia, el Poder Judicial marca un precedente respecto a la responsabilidad penal de altas autoridades en actos que atentan contra la institucionalidad democrática.
