Poder Judicial ordena impedimento de salida del país contra Juan José Santiváñez por 18 meses
Juan José Santiváñez no podrá salir del país. El Poder Judicial ordenó de que el censurado exministro del Interior y hoy reclutado por el Gobierno de Dina Boluarte en Palacio de Gobierno permanezca en el Perú por 18 meses en el marco de la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias al estar implicado en un supuesto soborno de US$ 20.000 alTribunal Constitucional para beneficiar a un investigado.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundada la apelación de la Fiscalía sobre la decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del 20 de marzo de este año, al desestimar el impedimento de salida contra Santiváñez Antúnez. En ese entonces, el Poder Judicial señaló que el exministro contaba con arraigo laboral, domiciliario y familiar, motivo por el cual no se aprobó el pedido fiscal. Sin embargo, el Ministerio Público refutó que Santiváñez fue censurado por el Congreso y las oficinas de su estudio Santiváñez Antúnez Trial Lawyers SAC eran alquiladas y que los contratos de arrendamiento estaban vencidos desde diciembre del 2023.
De igual manera, la Fiscalía señaló que, pese a que Santiváñez ocupa el cargo de Jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencia, es solo un puesto de «de confianza con relativa permanencia». Asimismo, resaltó que su estudio de abogados cuenta con sedes en Chile y México, lo que podría considerarse como un peligro de fuga.
De acuerdo con la tesis fiscal, en el 2021, el extitular del Mininter asumió la defensa legal de Miguel Marcelo Salirrosas. Para ello, Santiváñez presentó un recuso de casación, pero fue declarado inadmisible por la Corte Suprema en agosto del 2021, al igual que el hábeas corpus en el Cuarto Juzgado de Investigación preparatoria de Trujillo. En consecuencia, el censurado ministro presentó un recurso al Tribunal Constitucional, en agosto del 2022, un año antes de que su patrocinado sea detenido e internado en el penal «El Milagro».
En 2024, cuando Santiváñez se desempeñaba como ministro del Interior, fue contactado por una persona del entorno de su patrocinado y sostuvieron diálogos por WhatsApp, en el que le indicó a este allegado que el resultado lo comunicaría a través de un «primo» y que «el tema era delicado y que si tenían que conversar algo pendiente lo hagan personalmente y no por vía telefónica». Según los testigos protegidos, 01-2025-ElyDC y 02-2025-ElyDC, Santiváñez solicitó US$20.000 para los «asesores externos», cuando realmente era para los magistrados del Tribunal Constitucional.
