Sedalib realiza contratación directa por 4 millones de soles en alquiler de computadoras
Frank Sánchez de APP es el actual presidente del directorio de la empresa de agua y saneamiento de La Libertad.
El procedimiento, aprobado bajo la figura de “situación de desabastecimiento”, se concretó en agosto de 2025 y es cuestionado por el elevado monto que supera los cuatro millones de soles.
De acuerdo al Acta de Buena Pro N.°011-2025-SEDALIB S.A., la contratación se realizó para el servicio de alquiler de equipos informáticos y soporte técnico in house destinado a reforzar la infraestructura tecnológica de la empresa. La Resolución Gerencial N.°303-2025-SEDALIB S.A.-40000-GG, emitida el 14 de agosto, amparó la decisión.
Sin embargo, lo que más llama la atención es que Sedalib contrató nuevamente a la empresa Compured S.A.C., la misma que ya había sido proveedora en junio de 2025, durante la gestión de Percy Rosario Martell. Entonces, el contrato ascendió a S/.2′427,346.31. Apenas dos meses después, bajo el mando de Sánchez, el monto se disparó hasta los S/.4′425,977.34, es decir, casi dos millones de soles más por un servicio de características similares.
Fuente: Causa Justa
La contradicción no pasa desapercibida: mientras la actual administración no ha dejado de cuestionar públicamente la gestión anterior, termina recurriendo a los mismos proveedores, pero a un costo mayor. Este hecho ha despertado sospechas entre trabajadores y especialistas, quienes consideran que no se habría justificado de manera suficiente la supuesta situación de desabastecimiento que permitió la contratación directa.
“Es inaudito que se use la figura de desabastecimiento para una contratación que, por su naturaleza, requiere planificación. No se trata de comprar agua embotellada en una emergencia, sino de alquilar equipos informáticos. ¿Cómo se justifica la urgencia?”, cuestiona un abogado consultado para este informe.
A nivel interno, voces críticas sostienen que la diferencia millonaria entre un contrato y otro abre la puerta a posibles irregularidades. La pregunta que ronda es por qué, en apenas 70 días, el costo de la misma prestación se elevó en un 80% sin que exista un sustento público claro.
La Contraloría General de la República podría intervenir para determinar si la declaratoria de desabastecimiento cumplió con los requisitos legales, y si la contratación directa realmente se ajustó a los principios de eficiencia, transparencia y economía que exige la normativa pública.
El caso también tiene un trasfondo político: Frank Sánchez asumió la presidencia tras la salida temporal de Rosario Martell, en medio de tensiones al interior de Sedalib. Desde entonces, no han cesado los enfrentamientos verbales y administrativos, pero la contratación con Compured S.A.C. evidencia que, pese al discurso, ambas gestiones comparten proveedores, aunque con montos muy distintos.
La ciudadanía, que ya arrastra desconfianza hacia Sedalib por su desempeño irregular en la prestación de servicios básicos, observa con preocupación este nuevo episodio que puede convertirse en un escándalo financiero y político. La transparencia en el manejo de los recursos públicos será clave para determinar si se trató de una necesidad real o de una maniobra administrativa que pone en entredicho la credibilidad de la empresa.
