Congreso denuncia a jueces supremos por presunto favorecimiento a exfiscal de la Nación, Patricia Benavides
A los jueces Juan Carlos Checkley, se les acusa de ser los presuntos autores del delito de cohecho pasivo específico, en agravio del Estado.
La Fiscalía de la Nación, a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia ante el Congreso contra los jueces supremos provisionales Juan Carlos Checkley, en su condición de juez supremo provisional, y Helder Uriel Terán Dianderas, en su actuación como fiscal supremo provisional, a quienes señala como presuntos autores del delito de cohecho pasivo específico, por presuntamente favorecer a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el archivo de la investigación a la jueza Enma Benavides.
A Checkley Soria se le atribuye aceptar la promesa de ventaja ofrecida por la exfiscal de la Nación Liz Patricia Benavides Vargas, quien consistió en archivar la investigación seguidamente en su contra ante la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo del entonces fiscal supremo provisional Helder Uriel Terán Dianderas, a cambio de declarar fundado el sobreseimiento de las imputaciones realizadas contra Enma Benavides Vargas, programando la audiencia en una fecha oportuna para los intereses de ésta
En tanto, a Helder Uriel Terán Dianderas se le atribuye aceptar la promesa de ventaja realizada por la exfiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, quien consistió en conservarlo en dicho cargo, a cambio de que se mantenga en trámite la investigación seguida contra el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico, por hechos relacionados con su actuación como juez superior de la Corte Superior de Justicia de Piura, la cual se tramitaba en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.
Los hechos habrían ocurrido desde fines de agosto de 2022 hasta noviembre de 2023. Debido a ello, Terán Dianderas habría dispuesto la ampliación de la investigación preliminar y los actos de indagación luego de que venciera el plazo legal para la realización de los mismos.
