Amplían estado de emergencia en Trujillo y Virú por 60 días
El Poder Ejecutivo dispuso la prórroga del Estado de Emergencia en las provincias de Trujillo y Virú, en la región La Libertad, por un periodo de 60 días calendario, a partir del 19 de enero de 2026, con el objetivo de enfrentar la criminalidad y los altos niveles de violencia que continúan afectando a la población.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 008-2026-PCM, el cual establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, basándose en labores de inteligencia, estadísticas delictivas y mapas del delito.
Restricción y control
Durante la vigencia del Estado de Emergencia se restringe el ejercicio de algunos derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, conforme al artículo 137 de la Constitución. El Ejecutivo precisó que estas restricciones se aplicarán bajo criterios de legalidad y proporcionalidad.
Asimismo, se dispuso que las actividades religiosas, culturales y deportivas de carácter masivo deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes, mientras que las actividades no masivas podrán desarrollarse con normalidad.
Violencia no disminuye
La prórroga se sustenta en informes reservados de la PNP, que advierten la continuidad de delitos como extorsiones, robos, estafas, homicidios y lesiones, los cuales afectan gravemente la seguridad ciudadana y el desarrollo económico de la región.
Las cifras confirman este escenario. El 1 de enero, en el centro poblado Víctor Raúl Haya de la Torre, en Virú, un joven identificado como Leyder Márquez Sandoval (25) fue asesinado a balazos. Trece días después, en Laredo, el odontólogo Álvaro Iván Lozano Medina (58) murió tras ser atacado con un arma blanca.
Finalmente, el decreto establece que, una vez concluido el Estado de Emergencia, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá remitir un informe final al Ministerio del Interior, la Presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial, detallando los resultados de la intervención.
