Conductores ebrios recuperarían su licencia: de qué trata la polémica ‘Ley del borrachito’ y quién la impulsa
En el Congreso de la República, un sector de legisladores ve con buenos ojos que se apruebe una nueva normativa para que regresen al volante los choferes inhabilitados
Un nuevo proyecto de ley impulsado en el Congreso de la República viene generando polémica. Este propone que los conductores sancionados con la inhabilitación de su licencia por manejar en estado de ebriedad o que acumularon faltas graves puedan recuperarla, tras aprobar un curso y pagar una multa con descuento, informó el dominical Cuarto Poder.
La normativa, denominada la ‘Ley del borrachito’, fue presentada por el congresista Jorge Flores Ancachi, de Podemos Perú, y ya desató un debate sobre la seguridad vial y las consecuencias de esta medida. La propuesta permitiría a los infractores que hayan sido sancionados con la inhabilitación de su brevete por conducir bajo los efectos del alcohol acceder nuevamente a su licencia tras cumplir con esos requisitos.
El proyecto de ley plantea una amnistía parcial para aquellos conductores cuyo brevete haya sido suspendido, cancelado o inhabilitado, permitiéndoles regularizar su situación hasta el 31 de diciembre de este año. La principal propuesta consiste en que, a través del pago de una multa con un 80% de descuento y la realización de un curso de capacitación, los infractores podrían recuperar su derecho a conducir.
Flores Ancachi justificó esta medida señalando que muchos de los afectados son personas que han cometido el error de conducir ebrio, pero que están arrepentidas y desean reintegrarse al ámbito laboral. “Ustedes pueden tener una segunda oportunidad. Lógicamente, con la mala experiencia que han pasado, puedan volver a conducir”, expresó el congresista en un evento público. No obstante, la iniciativa fue severamente criticada por diversos sectores, que aseguran que esta legislación podría generar impunidad
El debate en torno a la “Ley del borrachito” no solo involucra a legisladores, sino también a asociaciones de conductores y autoridades de tránsito. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), este proyecto representa un retroceso en las políticas de seguridad vial. Para las autoridades, un conductor ebrio al volante es una amenaza potencialmente mortal.
