Defensoría cambia de postura y respalda proyecto de impunidad para delitos de lesa humanidad
Doble discurso. Antes, un informe de la institución liderada por Josué Gutiérrez consideró “desfavorable” la iniciativa del congresista Jorge Montoya. Sin embargo, el martes 22 hubo un giro y su defensor adjunto manifestó su apoyo a la propuesta.
La Defensoría del Pueblo, que lidera el exabogado cerronista delitos , pasó de oponerse a la impunidad para los delitos de lesa humanidad a respaldar la amnistía para estos casos.
El martes 22 de abril el defensor adjunto de Derechos Humanos, Carlos Fernández Millán, participó de una mesa de trabajo de la Comisión de Constitución, que preside el fujimorista Fernando Rospigliosi, y consideró “necesario” el proyecto de ley del congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, quien propone la amnistía para investigados por delitos de lesa humanidad durante el periodo de violencia política (1980 – 2000) que se encuentran sin sentencia firme.
Defensoría no empatiza con las víctimas del periodo de violencia política
Para sustentar su posición no se basó en argumentos legales ni en precedentes, sino únicamente en el tiempo transcurrido y en la afectación que ello causa en los investigados.
“De parte de la Defensoría existe una gran preocupación porque han pasado cerca de 30 años y el sistema de justicia no ha podido resolver estos casos, perjudicando a muchas familias policiales y militares.(…) Conocemos las realidades penitenciarias en las que han atravesado y están atravesando el proceso”, indicó.
No quedó ahí. Dijo que las personas que resultaron afectadas por la comisión de los delitos entre 1980 y 2000 “se sienten víctimas”.
En sus palabras: “Sería interesante que el sistema de justicia informe por qué tanto ha demorado la administración de justicia, perjudicando a las personas procesadas, la presunción de inocencia y también al otro lado a las personas que se sienten víctimas y no han recibido justicia”.
La postura del defensor adjunto de Derechos Humanos contradice la opinión técnica que la propia Defensoría del Pueblo había enviado seis meses antes.
