José Jerí: Fiscalía archiva denuncia por violación sexual contra el presidente del Congreso

La Fiscalía Suprema de Familia del Ministerio Público, bajo la dirección del fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, resolvió archivar la denuncia por violación sexual contra José Jerí, presidente del Congreso y miembro de la bancada Somos Perú. Según el documento difundido por RPP, se indicó que «no se formalizará ni continuará la investigación preparatoria contra José Enrique Jerí Oré por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir».

Según la tesis presentada por la Fiscalía, se ha confirmado que la joven denunciante fue víctima de violación. No obstante, se ha descartado que José Jerí, presidente del Congreso, sea el responsable del delito. Fuentes cercanas a la investigación indican que, según versiones de testigos, Jerí se encontraba en otra habitación con su pareja en el momento de los hechos y no con la agraviada.

Además, la denunciante no identificó directamente a Jerí como su agresor, sino que mencionó que, al despertar, vio un polo del congresista, lo que le generó sospechas.

Sin embargo, dentro de la indagación de la Fiscalía se confirmó por declaraciones de testigos que fue el amigo de Jerí, Marco Antonio Cardoza, quien estuvo con la joven durante la hora mencionada por la víctima.

De esta manera, el presidente del Congreso queda excluido de la investigación, mientras que el otro implicado, Marco Antonio Cardoza, continuará siendo investigado, pero en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canta.

Cabe indicar que el parlamentario de Somos Perú aún tiene dos denuncias en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y desobediencia a la autoridad.

El caso se remonta a enero de 2025, cuando José Jerí fue denunciado por presunta violación sexual tras una celebración de Año Nuevo en una casa de Canta, un incidente que generó repercusiones tanto judiciales como políticas.

El juzgado civil correspondiente aceptó la demanda, estableció medidas de protección para la víctima y ordenó un tratamiento psicológico obligatorio para el congresista, basándose en un informe que señalaba indicadores de impulsividad y conducta sexual patológica. Sin embargo, el congresista no cumplió con la obligación de someterse al tratamiento psicológico ordenado, lo que llevó a la Fiscalía de la Nación, bajo orden de Delia Espinoza, a iniciar acciones legales por presunta desobediencia a la autoridad, según lo establecido en el artículo 368 del Código Penal. Esta investigación pasó a estar a cargo de la fiscal suprema Zoraida Ávalos