Argentina refuerza frontera con Brasil tras megaoperativo contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro
El Gobierno argentino desplegó entre 150 y 200 militares en la ciudad de Bernardo de Irigoyen, provincia de Misiones, como medida preventiva ante una posible incursión de miembros del grupo criminal Comando Vermelho. La decisión se tomó luego del operativo masivo realizado esta semana por las autoridades del estado de Río de Janeiro, que dejó más de un centenar de muertos y generó preocupación en países vecinos.
Los soldados argentinos cuentan con equipos de protección, radares, drones, sistemas de comunicación y dos helicópteros de apoyo. El Ministerio de Defensa confirmó que el despliegue busca reforzar la vigilancia en la frontera con Brasil, especialmente en el límite con el estado de Santa Catarina. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaró que Argentina se encuentra en “alerta máxima” ante el riesgo de que integrantes del grupo delictivo intenten cruzar hacia territorio nacional.
La Operación Contención, lanzada el martes en Río de Janeiro, movilizó a 2.500 policías y militares en dos complejos habitacionales de la capital con el objetivo de capturar a líderes del Comando Vermelho y frenar su expansión. Hasta el miércoles, las autoridades brasileñas reportaron 132 personas fallecidas como resultado de enfrentamientos violentos. Además, se incautaron al menos 118 armas, entre ellas un fusil Fal perteneciente a las Fuerzas Armadas de Argentina, así como otros provenientes de Venezuela y Perú.
La presencia de armamento argentino en manos del Comando Vermelho encendió las alarmas en Buenos Aires, donde se evalúan medidas adicionales de seguridad. En paralelo, Paraguay también elevó su nivel de alerta. El presidente Santiago Peña ordenó reforzar la vigilancia en los departamentos fronterizos de Amambay, Canindeyú y Alto Paraná, con apoyo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Dirección de Migraciones.
El operativo en Brasil ha generado reacciones institucionales. El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, exigió al Gobierno de Río de Janeiro que rinda cuentas sobre el procedimiento el próximo 3 de noviembre, ante denuncias de posible uso excesivo de la fuerza. La analista Beatriz Miranda advirtió que podría haber represalias por parte de las organizaciones criminales afectadas, lo que elevaría el nivel de violencia en la región.
Mientras tanto, los países vecinos se mantienen en estado de alerta y refuerzan sus fronteras ante el temor de que la presión en Brasil provoque desplazamientos de grupos delictivos hacia otras zonas del Cono Sur. La situación sigue siendo monitoreada por autoridades de seguridad y defensa en toda la región.
