Fiscalía: Juan José Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior
De acuerdo con la resolución judicial que dispuso los allanamientos e incautaciones, la organización dirigida por Santiváñez tendría siete integrantes, entre ellos el ex jefe de la Dirección de Medio Ambiente, general Gregorio Villalón Trillo; el exjefe de la Dirección de Operaciones Especiales, coronel PNP (r) Percy Tenorio Gamonal; y el director de la Defensoría del Policía, Máximo Ramírez de la Cruz y el servidor público Yber Torres Pariona; entre otros. Nicanor Boluarte aparece como implicado beneficiario.
Desde que fue designado ministro del Interior, el 16 de mayo de 2024, Juan Santiváñez Antúnez, conocido en la red como «Cachetón», instaló una organización criminal dentro del aparato estatal con abogados de su estudio, generales de la Policía Nacional y funcionarios públicos, según el fiscal Carlos Ordaya López, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).
Pese a que fue censurado por el Congreso por ineficiente en el puesto, Santiváñez se mantuvo en el poder al haber sido nombrado por Boluarte como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, con oficinas en Palacio de Gobierno. Esta designación también fue aprovechada por Santiváñez para desplegar actividades ilegales, de acuerdo con las pesquisas del fiscal Carlos Ordaya.
El sábado 23 de agosto, Dina Boluarte juramentó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia. El fiscal Ordaya considera que al día de hoy Santiváñez continúa al frente de la supuesta organización criminal.
Conforme a la resolución del juez Víctor Alcócer Acosta, quien autorizó la solicitud del fiscal Ordaya para allanar las viviendas y oficinas de los nueve implicados -entre ellos siete presuntos integrantes de la organización, más dos empresarios relacionados-, son cuatro graves hechos de presunta corrupción que se les imputan a Santiváñez y sus presuntos cómplices.
La investigación también involucra al hermano de la jefa de Estado, Nicanor Boluarte, ya que asistía con frecuencia al estudio de abogados de uno de los incolucrados.
Las acusaciones que se imputan
De la imputación fiscal se desprende que Santiváñez utilizó su posición en el Ejecutivo para presuntamente negociar las influencias que ejercía desde que asumió el Ministerio del Interior.
El primer hecho que se atribuye a Santiváñez y a la organización, es haber autorizado, a cambio de dinero. la interferencia de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, a favor de la empresa minera El Dorado en una disputa por una concesión en Lucanas, Ayacucho.
El segundo es el pago de sobornos para que generales de la Policía Nacional continúen en sus posiciones.
El tercero, haber vulnerado las normas para contratar al abogado Percy Tenorio Gamonal para que ejerza la defensa de cinco generales inplicados en actos de violencia contra manifestantes en 2020. Santiváñez fue abogado del coronel PNP en retiro, Percy Gamonal. En este caso están implicados dos Defensores de la Policía, a cargo de las contrataciones.
El cuarto, actividades de encubrimiento en beneficio del hermano de la jefa de Estado, Nicanor Boluarte, quien mantuvo contacto con Santiváñez y otros investigados.
De acuerdo con el fiscal Carlos Ordaya, el presunto cabecilla de la organización criminal sería Juan Santiváñez Antúnez, conocido por haber defendido a policías acusados por delitos de corrupción y homicidio calificados.
El fiscal cuenta con el testimonio de colaboradores eficaces que identifican a Santiváñez como la cabeza visible de la organización.
Fuente: La República
