Congresistas gestionan viáticos para asesores durante semana de representación
Un reciente reportaje reveló que congresistas gestionaron viáticos para asesores, algunos sin título profesional o con vínculos familiares, en medio de cuestionamientos sobre el uso del presupuesto del Parlamento, que se ha multiplicado por siete en las últimas dos décadas.
La congresista Lucinda Vásquez, representante del grupo parlamentario Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, fue señalada por gestionar viáticos para dos de sus asesores, quienes además son sus sobrinos: Jimmy Pinchi Pezo y Edward Rengifo Pezo. Ambos recibieron 1 280 y 3 200 soles, respectivamente. Aunque Vásquez negó haber realizado tal solicitud, el reportaje expuso documentación que contradice su versión. Ante la consulta de la prensa, la parlamentaria evitó brindar declaraciones.
También se cuestionó la contratación de Milagros Saldaña, asesora en su despacho, quien no cuenta con título universitario registrado en Sunedu. A pesar de ello, percibe un salario de 7 200 soles, más 1 600 en viáticos. Consultada sobre este último monto, respondió que “a veces falta”.
El informe agrega que los legisladores disponen de 2 800 soles mensuales por concepto de representación, más 1 800 adicionales por cada asesor comisionado, sumando en muchos casos más de 6 000 soles mensuales en este tipo de gastos.
Otra congresista implicada es Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular, quien solicitó viáticos para dos de sus asesoras (1 280 soles cada una) durante marzo de 2024. No obstante, la mayoría de sus actividades durante ese mes fueron virtuales o realizadas en Lima, lo que ha despertado críticas sobre la necesidad real de dichos recursos.
En paralelo, el exvicepresidente del Banco Central de Reserva, Luis Alberto Arias, advirtió que el presupuesto del Congreso ha experimentado un crecimiento desproporcionado: de 200 millones de soles en 1999 a cerca de 1 400 millones proyectados para el año 2025. Estas revelaciones reabren el debate sobre la transparencia en el uso de fondos públicos dentro del Poder Legislativo y la necesidad de una reforma que garantice un manejo más eficiente y ético del dinero del Estado.
