Congreso admite contratación de jóvenes sin título profesional y advierte que está «reglamentado»
Según la denuncia de El Comercio, los siete jóvenes contratados para la oficina de Comunicaciones son afiliados de APP.
Tras la denuncia realizada por el Diario El Comercio sobre la contratación de siete jóvenes para la Oficina de Comunicaciones, donde Alianza para el Progreso (APP), de los cuales seis no tienen título universitario ante la Sunedu, el Congreso no tardó en pronunciarse, advirtiendo que la contratación de profesionales técnicos y auxiliares está «reglamentado».
«Toda institución se rige por las leyes. Nuestro reglamento de trabajo establece tres categorías de servidores: profesionales, técnicos y auxiliares; para los dos últimos no se requiere título profesional, sino estudios técnicos y experiencia laboral. Por tanto, las damas aludidas cumplen con lo exigido, cuidando de la veracidad de las publicaciones difundidas», se lee en el comunicado del Congreso.
Según la denuncia de El Comercio los siete jóvenes contratados para dicha oficina están afiliados al partido de Alianza Para el Progreso (APP) y seis no registran título. Sin embargo, el Congreso advierte que se trata de un acto de discriminación y misoginia.
«Deploramos que un diario de prestigio brinde, de forma reiterada, espacio a seudonoticias que, en base a chismes y trascendidos («diversas fuentes»), hacen escarnio de jóvenes que trabajan en nuestra institución, en un acto evidente de discriminación y misoginia»
«El Congreso de la República ha aprobado leyes para combatir la delincuencia (uso de armas de fuego por parte de la PNP en casos de flagrancia, mayores recursos para equipar a la PNP con armas, municiones y chalecos, creación de unidades de flagrancia delictiva, entre otras); para impulsar la reactivación económica (Ley General de Turismo, Ley de ZEEP, de APP, de Obras por Impuestos, de Cabotaje Marítimo, de Puertos, Ley Agraria, entre otras); para mejorar la atención en salud (mayores recursos para el INO, el INEN y el Hospital del Niño San Borja); para promover el saneamiento físico-legal de predios rurales y urbanos; mejorar las condiciones laborales de profesores, técnicos y profesionales de la salud; e incrementar el presupuesto para gobiernos regionales y municipales, etc. Estos avances deberían estar en el centro del debate público, y no temas que solo busquen desmerecer el trabajo parlamentario, generar diálogo mediático y escarnio», se lee.
