Corte de Estados Unidos confirma que Municipalidad de Lima debe pagar US$200 millones a Rutas de Lima por caso peajes
La Corte de Apelaciones del distrito de Columbia enEE.UU. respaldó los fallos arbitrales que ordenan a la Municipalidad de Lima pagar cerca de US$200 millones al consorcio Rutas de Lima, al concluir que no existen pruebas suficientes de corrupción para anular el contrato de concesión firmado en 2013.
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia (Estados Unidos) ratificó el último 24 de junio dos laudos arbitrales internacionales que ordenan a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) pagar aproximadamente US$200 millones a Rutas de Lima, consorcio encargado de operar tres vías concesionadas en la capital (la Panamericana Norte, Sur y Ramiro Prialé), según informó Global Arbitration Review.
Dicha decisión confirma la resolución publicada en marzo del 2024 por un tribunal del distrito de Washington D.C., que ya había desestimado los alegatos de la comuna limeña, la cual afirmaba que el contrato de concesión de 2013 era inválido por presunta corrupción relacionada con la compañía brasileña Odebrecht.
La concesión fue otorgada en 2013 al consorcio Rutas de Lima, inicialmente liderado por Odebrecht y actualmente bajo control de Brookfield Infrastructure (principal accionista), por un periodo de 30 años.
En 2013, la Municipalidad de Lima y la empresa Rutas de Lima firmaron un contrato para construir, mejorar y operar varias vías urbanas en la ciudad. Según el acuerdo, Rutas se encargaría de financiar y ejecutar el proyecto, y a cambio, recibiría ingresos por el cobro de peajes.
La Municipalidad, por su parte, debía realizar algunos trabajos previos en la infraestructura ya existente, pero si no lo hacía, Rutas podía asumir esa tarea. Entre 2014 y 2016, ambas partes firmaron nuevos acuerdos que cambiaron esas obligaciones: ahora Rutas se encargaría de los trabajos preliminares que debía hacer la Municipalidad, y a cambio se autorizaban aumentos en las tarifas de peaje.
En 2017, tras la implementación de un nuevo peaje en el distrito de Puente Piedra, se desató una desenfrenada ola de protestas ciudadanas y disturbios en rechazo a la tarifa. En respuesta, la Municipalidad canceló el cobro y se negó a cumplir con los aumentos de tarifas programados en otras unidades, lo que llevó al concesionario a iniciar arbitrajes conforme al reglamento de Uncitral (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional), administrados por laCorte Permanente de Arbitraje, con sede en Washington D.C.
En 2020, un tribunal arbitral encabezado por Alexis Mourre resolvió que la Municipalidad de Lima debía pagar US$68 millones, además de intereses por cancelar el peaje, monto que con el tiempo ha trepado a los US$190 millones. En 2022, un segundo tribunal otorgó otros US$7,2 millones a favor del consorcio por la demora en aplicar los ajustes tarifarios.
