Mineros ilegales contaminan río Moche
El agua del río Moche no es apto para riego ni consumo humano
El río Moche atraviesa hoy una de sus peores crisis ambientales. Según un estudio de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), el agua en algunos tramos del cauce ya no es apta ni para el consumo humano ni para el riego agrícola, debido a la presencia de metales pesados como arsénico, cadmio y plomo.
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Gerencia Regional del Ambiente de La Libertad confirmaron en un informe técnico que la contaminación avanza sin control, producto de la minería ilegal que opera al margen de la ley y con la pasividad del Estado.
Una cuenca herida
Lo que hace décadas las comunidades defendieron con marchas y protestas —el agua limpia para vivir y cultivar— hoy se encuentra amenazado por relaves sin remediar, pasivos ambientales desbordados y descargas tóxicas que acidificaron los suelos agrícolas.
“Hoy, las mismas fuentes de agua que se defendieron a capa y espada están contaminadas”, advirtió José de Romaña, director del Instituto Peruano de Cambio Climático (IPCH).
De Piura a Cajamarca: el patrón se repite
El problema no se limita a La Libertad. En Tambogrande (Piura), así como en Cajamarca y Celendín, territorios que alguna vez alzaron la voz para defender sus ríos y lagunas, la minería ilegal avanza disfrazada de “formalización”.
Las consecuencias son similares: agua contaminada, suelos degradados, ganadería afectada y comunidades que ya no confían en las promesas de desarrollo.
La expansión de la minería ilegal no solo responde a su carácter clandestino, sino también a la incapacidad del Estado para imponer autoridad. Según un estudio del Centro Wiñaq, el 70,2 % de peruanos cree que el Congreso respalda la minería ilegal porque recibe financiamiento o busca capital electoral.
Así, lo que debería combatirse desde la institucionalidad termina legitimándose desde el poder político, consolidando economías criminales que hoy tienen poder económico e influencia política en varias regiones del país.
El avance de esta actividad no se explica únicamente por su carácter ilegal. También responde a la falta de liderazgo de las autoridades nacionales para enfrentar la ilegalidad, y a que las instituciones estatales fueron incapaces de implementar políticas que frenen la expansión de la minería ilegal y garanticen alternativas de desarrollo para las comunidades.
El vacío de autoridad deja el campo libre a las economías ilegales que, poco a poco, se convirtieron en grupos con poder económico e influencia política en varias regiones.
