Ciberdelincuencia con IA pone en riesgo a pymes y familias peruanas
Ciberdelincuentes están usando IA para perfeccionar fraudes, suplantar identidades y clonar voces, afectando gravemente la seguridad financiera de miles de personas en el país. Caja Piura advierte sobre el peligro y llama a reforzar la educación digital.
La evolución de la ciberdelincuencia ha alcanzado un nuevo nivel de sofisticación. Delincuentes están utilizando herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para ejecutar estafas cada vez más difíciles de detectar, lo que representa un serio riesgo para la estabilidad económica de pequeñas y medianas empresas (pymes), así como para familias en diversas regiones del Perú.
Así lo alertó Roberto Casana, Jefe de Ciberseguridad de Caja Piura, quien señaló que estas nuevas modalidades no solo buscan vaciar cuentas bancarias, sino también comprometer ahorros, líneas de crédito y la capacidad de inversión de los usuarios, afectando directamente su seguridad financiera.
Según Caja Piura, las regiones con mayor exposición a estos ataques son Lima, Piura, Cajamarca, Lambayeque y San Martín, donde los estafadores están incluyendo nuevas técnicas como la clonación de voz, mensajes falsos (phishing), y uso de rostros creados por IA para acceder a cuentas o autorizar transferencias.
Frente a este escenario, Casana afirmó que la solución también debe ser tecnológica. Caja Piura ha implementado una estrategia de ciberseguridad potenciada con IA, que permite detectar fraudes en tiempo real y bloquear operaciones sospechosas de inmediato.
No obstante, el especialista también subrayó la importancia de la educación digital como escudo fundamental. “Capacitamos a nuestro personal en zonas rurales para que puedan orientar mejor a los clientes y promover una cultura de ciberseguridad más sólida”, explicó.
La falta de alfabetización digital y la dificultad para denunciar fraudes en zonas alejadas siguen siendo factores que agravan la situación. Por ello, se hace urgente fortalecer la prevención a través de campañas educativas, canales de denuncia accesibles y una colaboración activa entre entidades públicas, privadas y los usuarios.
