Grupo de Trabajo de la ONU recomienda liberar a Pedro Castillo
El organismo concluyó que se vulneraron derechos fundamentales del expresidente durante su detención y proceso judicial. Además, pidió al Estado peruano evaluar una reparación e investigar las presuntas irregularidades.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó que la detención del expresidente Pedro Castillo Terrones fue «arbitraria» y recomendó al Estado peruano disponer su liberación inmediata, al considerar que durante el proceso se vulneraron diversos derechos reconocidos por el derecho internacional.
En la Opinión 78/2025, aprobada el 14 de noviembre de 2025, el organismo señaló que la privación de libertad del exmandatario, ocurrida tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, careció de base legal suficiente y contravino disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Piden indemnización
Además de recomendar la libertad de Castillo, los expertos solicitaron al Estado peruano garantizarle el derecho a una indemnización y a otras formas de reparación, conforme a los estándares del derecho internacional. Asimismo, exhortaron a realizar una investigación independiente y exhaustiva sobre las circunstancias que rodearon su detención y el desarrollo del proceso judicial.
El informe también cuestiona aspectos relacionados con el debido proceso, al señalar que el expresidente no habría tenido acceso inmediato a un abogado de su confianza y que su defensa no contó con el tiempo suficiente para preparar sus argumentos durante el procedimiento de vacancia presidencial. De igual manera, el Grupo de Trabajo consideró que el tribunal que conoció el caso no habría sido el competente y que no se siguió el procedimiento adecuado.
Advierten afectación a la presunción de inocencia
Otro de los aspectos observados por el organismo de las Naciones Unidas es la presunta vulneración del principio de presunción de inocencia. Según el documento, diversas autoridades realizaron declaraciones públicas atribuyendo responsabilidad penal al exmandatario antes de que existiera una sentencia firme, situación que, a criterio del Grupo de Trabajo, pudo influir en el desarrollo del proceso judicial.
Pese a estas conclusiones, Pedro Castillo fue condenado en noviembre de 2025 por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito relacionado con el intento de golpe de Estado. Cabe precisar que las opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU constituyen recomendaciones dirigidas al Estado y no tienen carácter vinculante, por lo que su eventual cumplimiento dependerá de las decisiones que adopten las autoridades peruanas.
