Multarán hasta con 100 UIT a universidades que no cedan locales para elecciones
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 32594, norma que sanciona con multas de hasta 100 UIT a las universidades públicas y privadas que se nieguen a ceder sus instalaciones a la Oficina Nacional de Procesos Electorales para ser utilizadas como locales de votación durante los procesos electorales.
La ley fue publicada el viernes 15 de mayo en edición extraordinaria del diario oficial El Peruano y lleva la firma del presidente interino José María Balcázar y del premier Luis Arroyo.
Universidades estarán obligadas a ceder sus instalaciones
La norma modifica el artículo 65 de la Ley Orgánica de Elecciones y establece que las entidades públicas y privadas cuyos locales sean designados por la ONPE deberán facilitar el uso de sus instalaciones para la instalación y funcionamiento de mesas de sufragio.
El texto señala que los espacios deberán estar disponibles desde dos días antes de las elecciones, a partir de las 4:00 de la tarde, hasta las 6:00 p.m. del día siguiente de los comicios.
Además de universidades, la obligación alcanza a municipalidades, edificios públicos y otros locales que la ONPE considere adecuados por criterios de accesibilidad, seguridad y ubicación geográfica.
Multas llegarán hasta los S/ 550 mil
La nueva legislación contempla sanciones económicas de entre 50 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a montos que van desde los S/ 275 mil hasta los S/ 550 mil para las instituciones que incumplan la disposición.
La medida surge luego de que la ONPE reportara negativas de diversos centros educativos para funcionar como locales de votación en procesos electorales anteriores.
Según el organismo electoral, en las elecciones presidenciales de 2021 se tuvieron que reemplazar 67 locales, mientras que en 2025 se registraron 176 rechazos solo en Lima y Callao.
Norma se aplicará desde la segunda vuelta
La ley entra en vigencia de manera inmediata, por lo que podrá aplicarse en la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, así como en las elecciones regionales y municipales previstas para octubre de este año.
La iniciativa fue impulsada por la Defensoría del Pueblo con el objetivo de garantizar la disponibilidad de locales adecuados para el desarrollo de los procesos electorales en el país.
