Suboficial asesinado en La Victoria compró su propio chaleco por falta de protección del estado
El asesinato del suboficial PNP José Gabriel Munive Gurmendi, durante un enfrentamiento armado en La Victoria, ha puesto en evidencia la alarmante precariedad del equipamiento policial en el país. El agente, de 44 años y con 16 años de servicio, no contaba con un chaleco reglamentario, sino con uno de cobertura reducida que él mismo había adquirido por falta de dotación institucional.
Según testigos, Munive fue impactado por una bala que ingresó por el costado, una zona sin protección. Esta situación ha reavivado el debate sobre el estado de los chalecos antibalas utilizados por la Policía Nacional del Perú (PNP), cuya renovación no se realiza desde hace más de cinco años, de acuerdo con especialistas.
Chalecos incompletos y comprados por los mismos agentes
Una comerciante que presenció el crimen indicó que el policía no tenía blindaje lateral, hecho que habría sido determinante para su muerte. La indignación ciudadana no se hizo esperar: “¿Por qué tiene que comprar su propio chaleco? ¿Dónde está el Estado?”, cuestionó.
Familiares del suboficial aseguraron que no se trata de un caso aislado. Denuncian que muchos agentes terminan adquiriendo chalecos más baratos y de menor cobertura para poder costearlos, lo cual los deja vulnerables en operativos de alto riesgo.
¿Cuánto cuesta un chaleco reglamentario?
El especialista en seguridad Jorge Samudio, desde un taller especializado en Surco, explicó que el chaleco que debería portar todo agente de la PNP —con protección frontal, posterior y lateral— tiene un costo aproximado de S/ 1,800.
Sin embargo, el modelo que usaba el suboficial Munive costaba la mitad y ofrecía menos protección. “Si hubiera tenido un chaleco completo, probablemente habría sobrevivido”, afirmó Samudio. Añadió que el precio de estos equipos varía según la superficie del material balístico, lo que hace que muchos policías opten por versiones incompletas.
Procesos truncos y negligencia institucional
Samudio reveló que la Policía no renueva sus chalecos antibalas desde hace más de 5 años. A pesar de que en ese periodo se abrieron varios procesos de compra, todos fueron cancelados o declarados desiertos sin justificación clara. Incluso en 2024, una licitación que llegó a la etapa final fue anulada de manera repentina.
Este abandono por parte del Estado obliga a los nuevos efectivos a costear sus propios chalecos, mientras que el resto utiliza equipos desgastados y fuera de norma.
¿Quién responde?
El caso del suboficial Munive no solo revela una tragedia individual, sino también una cadena de omisiones dentro del Ministerio del Interior. ¿Quiénes son los responsables de cancelar procesos de compra vitales para la seguridad policial? ¿Por qué no se ejecutan las licitaciones? ¿Qué prioridad tiene la vida de los agentes en las decisiones presupuestales?
Mientras tanto, la indignación crece dentro de la propia Policía Nacional, donde muchos efectivos reconocen que están en las calles con equipos vencidos, inseguros o inexistentes.
